El presidente del Gobierno y los representantes de los sindicatos UGT y CC.OO, y de la patronal, CEOE y CEPYME firmaron ayer 29 de julio de 2008, la Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso Social, “hoja de ruta" del diálogo social para esta legislatura.
La declaración resume los objetivos a perseguir en el diálogo social durante los próximos cuatro años, y se abordan conjuntamente los aspectos económicos y sociolaborales a fin de dar soluciones a la actual situación de dificultades económicas. Los temas prioritarios que busca desarrollar esta Declaración se dirigen a apoyar a las empresas; mantener fuerte la protección social ante el desempleo, incorporando medidas de recolocación; desarrollar los aspectos pendientes del diálogo social de los cuatro años anteriores, especialmente en lo que se refiere a la Ley de Igualdad; y fortalecer el sistema de Seguridad Social incorporando reformas, lo que se hará en el ámbito parlamentario. Finalmente, el quinto objetivo tiene como destino mejorar la capacidad como economía y como sociedad, por lo que debe poner el acento en dos aspectos fundamentales: la formación Profesional y el mantenimiento del impulso innovador a través del apoyo a las empresas tecnológicas.
La Declaración comienza con un diagnóstico compartido de la situación económica, en el que se constata que la desaceleración ha provocado un importante impacto negativo sobre el empleo y la actividad empresarial. El origen de esta situación se halla en la crisis financiera internacional, la escalada de los precios del petróleo y de las materias primas y en la "crisis" que atraviesa el sector de la construcción residencial. En España, subrayan los firmantes, la "crisis" se ha traducido en un "significativo" aumento del paro, en un endurecimiento de las condiciones crediticias y en unos tipos de interés más elevados. Todo lo anterior, unido a la desaceleración del consumo, al mayor endeudamiento de familias y empresas y al repunte de la inflación y de las materias primas, supone un "empobrecimiento" para el país, con los consiguientes efectos negativos para determinados colectivos.
El principal reto de la actual situación económica es el empleo y la necesidad de avanzar hacia un modelo de crecimiento económico más competitivo, que apueste por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido. Para ello consideran necesario afrontar las necesidades de financiación de las empresas, especialmente de las pymes, al tiempo que destacan la necesidad de prevenir la destrucción de empleo, facilitar la recolocación de los desempleados y garantizar la cobertura social. Asimismo, el nuevo modelo productivo exige un mercado laboral que facilite el trasvase entre empleos poco productivos a puestos de trabajo con futuro.
Los firmantes apuestan por invertir en capital humano, potenciar la formación profesional y su vinculación al empleo, introducir mayor competencia en los mercados de bienes y servicios mediante reformas estructurales y ampliar la capacidad de investigación e innovación, todo ello compatible con la sostenibilidad del Estado de Bienestar y los avances en solidaridad, igualdad y cohesión social.
En materia de empleo, analizarán los resultados de la reforma laboral que pactaron en 2006 para plantear, en caso necesario, nuevas actuaciones que contribuyan al objetivo de crear más y mejor empleo; y abordarán la modernización de los servicios públicos de empleo para lograr itinerarios personalizados y una mayor y mejor intermediación laboral.
Asimismo, destacan la necesidad de avanzar en la coordinación de los servicios de empleo territoriales de las distintas comunidades para garantizar la igualdad de oportunidades en toda España, se comprometen a desarrollar la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y el Estatuto del Autónomo y a reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo mediante las reformas que sean necesarias.
En el área de inmigración, abogan por seguir poniendo en práctica políticas de inmigración vinculadas estrechamente a las necesidades del mercado laboral; en materia de igualdad, las tres partes convienen en seguir trabajando para ampliar la participación de las mujeres, evitar la discriminación salarial y avanzar en la conciliación de la vida personal y familiar, y en el apartado de formación, apuestan por desarrollar estrategias que favorezcan la formación a lo largo de la vida, tanto dentro como fuera del empleo.
En el ámbito de la negociación colectiva, sindicatos y empresarios afirman compartir la necesidad de reformar la actual estructura, aunque sin la participación del Gobierno, al tiempo que resaltan la importancia de los acuerdos interconfederales (los llamados ANC) para seguir mejorando las condiciones laborales, evitar la destrucción de empleo y la pérdida de competividad.
En el área de la protección social, los firmantes se comprometen a continuar desarrollando la reforma de la Seguridad Social pactada en la anterior legislatura y a analizar materias como la incapacidad laboral, la jubilación anticipada en determinadas actividades, la previsión social complementaria, los regímenes de Empleados del Hogar y Agrario y la Ley de Dependencia.
La Declaración comienza con un diagnóstico compartido de la situación económica, en el que se constata que la desaceleración ha provocado un importante impacto negativo sobre el empleo y la actividad empresarial. El origen de esta situación se halla en la crisis financiera internacional, la escalada de los precios del petróleo y de las materias primas y en la "crisis" que atraviesa el sector de la construcción residencial. En España, subrayan los firmantes, la "crisis" se ha traducido en un "significativo" aumento del paro, en un endurecimiento de las condiciones crediticias y en unos tipos de interés más elevados. Todo lo anterior, unido a la desaceleración del consumo, al mayor endeudamiento de familias y empresas y al repunte de la inflación y de las materias primas, supone un "empobrecimiento" para el país, con los consiguientes efectos negativos para determinados colectivos.
El principal reto de la actual situación económica es el empleo y la necesidad de avanzar hacia un modelo de crecimiento económico más competitivo, que apueste por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido. Para ello consideran necesario afrontar las necesidades de financiación de las empresas, especialmente de las pymes, al tiempo que destacan la necesidad de prevenir la destrucción de empleo, facilitar la recolocación de los desempleados y garantizar la cobertura social. Asimismo, el nuevo modelo productivo exige un mercado laboral que facilite el trasvase entre empleos poco productivos a puestos de trabajo con futuro.
Los firmantes apuestan por invertir en capital humano, potenciar la formación profesional y su vinculación al empleo, introducir mayor competencia en los mercados de bienes y servicios mediante reformas estructurales y ampliar la capacidad de investigación e innovación, todo ello compatible con la sostenibilidad del Estado de Bienestar y los avances en solidaridad, igualdad y cohesión social.
En materia de empleo, analizarán los resultados de la reforma laboral que pactaron en 2006 para plantear, en caso necesario, nuevas actuaciones que contribuyan al objetivo de crear más y mejor empleo; y abordarán la modernización de los servicios públicos de empleo para lograr itinerarios personalizados y una mayor y mejor intermediación laboral.
Asimismo, destacan la necesidad de avanzar en la coordinación de los servicios de empleo territoriales de las distintas comunidades para garantizar la igualdad de oportunidades en toda España, se comprometen a desarrollar la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y el Estatuto del Autónomo y a reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo mediante las reformas que sean necesarias.
En el área de inmigración, abogan por seguir poniendo en práctica políticas de inmigración vinculadas estrechamente a las necesidades del mercado laboral; en materia de igualdad, las tres partes convienen en seguir trabajando para ampliar la participación de las mujeres, evitar la discriminación salarial y avanzar en la conciliación de la vida personal y familiar, y en el apartado de formación, apuestan por desarrollar estrategias que favorezcan la formación a lo largo de la vida, tanto dentro como fuera del empleo.
En el ámbito de la negociación colectiva, sindicatos y empresarios afirman compartir la necesidad de reformar la actual estructura, aunque sin la participación del Gobierno, al tiempo que resaltan la importancia de los acuerdos interconfederales (los llamados ANC) para seguir mejorando las condiciones laborales, evitar la destrucción de empleo y la pérdida de competividad.
En el área de la protección social, los firmantes se comprometen a continuar desarrollando la reforma de la Seguridad Social pactada en la anterior legislatura y a analizar materias como la incapacidad laboral, la jubilación anticipada en determinadas actividades, la previsión social complementaria, los regímenes de Empleados del Hogar y Agrario y la Ley de Dependencia.
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