
Las consecuencias de esta Ley sobre las actividades económicas a las que afecta se pone en evidencia considerando que, aunque el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos ambientales ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años (200€ en 2003), aun así, la situación no se considera satisfactoria y se aspira a mejorarla. Se calcula que la Ley podría afectar a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la ley pudiera rondar los 100 €/año, solamente por lo que se refiere a la constitución de garantías financieras. A esto habrá que sumar lo que haya que añadir para “ponerse al corriente de la situación”.
La Ley, en esencia, pretende hacer efectivo el principio “quien contamina repara”, que va más allá del principio “quien contamina paga”. Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original (Art.1), sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Se pone especial énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, que no se considerarían satisfechos con una mera indemnización dineraria, así como en la necesidad de que las empresas intemalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan.

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