Empresas socialmente responsables en materia de discapacidad

Las empresas de 50 o más trabajadores, en cumplimiento de la legislación vigente, deben tener en su plantilla a un 2% de personas con discapacidad o bien, si aún no alcanza dicha cifra, solicitar, con carácter excepcional, una autorización administrativa que le permita cumplir con la norma a través de las así llamadas “medidas alternativas”. El incumplimiento de esta norma, está siendo controlado de manera creciente por la Inspección de Trabajo, está considerado como falta grave y lleva consigo la correspondiente sanción económica.

Una empresa socialmente responsable en materia de discapacidad, debe ir más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, planteándose como objetivos:

1.- Cumplir con la cuota a través del empleo directo de personas con discapacidad y no a través del uso de las medidas alternativas, en caso de estar obligada a ello, o disponer de una política de incorporación de personas con discapacidad en caso de no estar obligada.

2.- Alcanzar niveles de empleo que superen claramente la cuota del 2%, en caso de estar obligada a ello.

3.- Conseguir que haya personas con discapacidad trabajando en todos los niveles de la empresa.

4.- Establecer objetivos de contratación de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, en el que se debe incluir a personas con secuelas de parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%; personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%; mujeres con discapacidad; y trabajadores con discapacidad mayores de 45 años.

Para todas aquellas empresas decididas abordar este reto, la Fundación ONCE ha elaborado la “Guía de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad”, una publicación que nace con el objetivo de convertirse en una herramienta que permita a las empresas valorar la calidad de sus actuaciones en esta materia y plantea pautas concretas para aquellas que comiencen a abordar este reto o en su caso líneas de actuación más ambiciosas para las empresas que están en una situación más desarrollada.

Según la guía, los pasos que han de seguir las empresas comprometidas y responsables con la discapacidad son los siguientes:

• Compromiso expreso por parte de la dirección de la empresa de que las personas con discapacidad deben formar parte de la política de RSE de la compañía, debiendo asegurar su igualdad de trato y no discriminación.
• Autodiagnóstico de la situación actual de cómo se integra la dimensión de la discapacidad en la política de RSE para poder realizar una evaluación posterior.
• Evaluación externa, del funcionamiento actual en materia de empleo, accesibilidad, proveedores y acción social.
• Creación de un punto de referencia dentro de la empresa desde donde se promueva y haga un seguimiento del cumplimiento de la RSE-D, sirviendo asimismo de asesoramiento para las diversas áreas de la empresa en esta materia.
• Establecimiento de objetivos específicos en materia de empleo, accesibilidad, proveedores y acción social, plazos para la consecución de los mismos y fijación de indicadores que permitan analizar su avance.
• Comunicación con organizaciones de personas con discapacidad como grupo de interés, de cara a informar de los objetivos establecidos y explorar vías de colaboración.
• Inclusión de actuaciones realizadas y objetivos futuros relativos a personas con discapacidad en las secciones correspondientes de la Memoria de RSE.
• Revisión y definición de acciones de mejora en materia de discapacidad.