El Gobierno hizo público ayer 26 de marzo de 2012 el anteproyecto de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.
El texto estará abierto a consulta pública durante quince días, periodo en el que se podrán presentar las aportaciones y comentarios que se consideren oportunos.
La ley tiene como objetivo señalado ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
La Ley obliga a hacer pública, a través de las páginas web de la administración, la información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística.
El portal de Transparencia se encargará de centralizar toda la información y, en los términos en los que se establezca reglamentariamente, la que se solicite con más frecuencia.
Todas las personas tendrán derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la Constitución, siempre y cuando ésta no afecte a la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores, entre otros.
Así, las administraciones publicarán los contratos adjudicados (identificando el objeto, los importes de adjudicación y licitación, así como las modificaciones y prórrogas), los convenios suscritos entre administraciones, las retribuciones de altos cargos y todas las subvenciones y ayudas públicas, con indicación de su importe, objetivo y beneficiarios.
Además, obliga a que los presupuestos de las distintas administraciones incluyan una descripción detallada y datos sobre su ejecución, así como las resoluciones de la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre las compatibilidades de altos cargos con actividades privadas.
La Ley obliga a hacer pública, a través de las páginas web de la administración, la información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística.
El portal de Transparencia se encargará de centralizar toda la información y, en los términos en los que se establezca reglamentariamente, la que se solicite con más frecuencia.
Todas las personas tendrán derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la Constitución, siempre y cuando ésta no afecte a la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores, entre otros.
Así, las administraciones publicarán los contratos adjudicados (identificando el objeto, los importes de adjudicación y licitación, así como las modificaciones y prórrogas), los convenios suscritos entre administraciones, las retribuciones de altos cargos y todas las subvenciones y ayudas públicas, con indicación de su importe, objetivo y beneficiarios.
Además, obliga a que los presupuestos de las distintas administraciones incluyan una descripción detallada y datos sobre su ejecución, así como las resoluciones de la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre las compatibilidades de altos cargos con actividades privadas.
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