Integración laboral de trabajadores discapacitados

España cuenta con más de 3,5 millones de personas (un 9% de la población total española) con algún tipo de discapacidad, de las que tan sólo un 29 % están ocupadas.

De este modo, veintiséis años después de la entrada en vigor en España, el 7 de abril de 1982, de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), las tasas de actividad y de empleo entre el colectivo de personas con discapacidad siguen siendo bajas, al igual que la calidad y la retribución de sus puestos de trabajo.

Y es que muchas empresas mantienen recelos a la hora de contratar a empleados con algún tipo de minusvalía. Los prejuicios como que no pueden ocupar puestos importantes de decisión, atender al público o realizar esfuerzos físicos, y el miedo a un bajo rendimiento son la causa principal de que la persona discapacitada tenga más dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

Estas son las principales causas de la baja integración laboral de este colectivo, condicionadas por un marco legal poco conciso y por una insuficiente sensibilización, según se desprende del Informe Equipara 2008 elaborado por la Fundación Equipara.

Sin embargo, una vez que la empresa ha contado con el esfuerzo de una persona discapacitada, reconoce su labor y están muy bien consideradas. Tanto, que muchos empresarios consultados aseguran que repetirían la experiencia. En el informe se constata la alta satisfacción con el trabajo desempeñado por este tipo de empleados, «tanto por la eficiencia de sus tareas como por su motivación y su bajo absentismo». Además, se destaca su carácter metódico, ordenado y fiel a la empresa. Ello coincide además con su menor siniestralidad laboral, aunque se reconocen carencias en la formación de este colectivo, lo que afecta a su promoción profesional.

Los empresarios desconocen en muchos casos las ventajas (subvenciones o ayudas para la eliminación de barreras) e incentivos fiscales que la ley concede a quienes contratan como trabajadores con discapacidad. Y es que con el fin de disminuir el índice de desempleo de las personas con discapacidad, la mejora de la empleabilidad y el acceso a puestos de trabajo dignos y de calidad, la Ley establece una serie de ayudas y subvenciones para las empresas que integren en su plantilla a trabajadores con algún tipo de discapacidad, como:

1. Subvenciones o préstamos para la adaptación de puestos de trabajo.
2. Eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en la empresa.
3. Pago de cuotas a la Seguridad Social.