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miércoles, 18 de febrero de 2009

Empresa y discapacidad

Actualmente en el mundo hay 500 millones de personas con discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. En España se estima que un 9% de la población española tiene algún tipo de discapacidad.
Para lograr la plena integración laboral de las personas con discapacidad, la Ley 13/1982 de Integración Social del Minusválido (LISMI) introdujo la obligación por parte de las empresas con más de 50 trabajadores de reservar el 2% de su plantilla a personas con discapacidad y la creación de la figura de los Centros Especiales de Empleo, empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de los trabajadores con discapacidad.

De cara a simplificar la aplicación de la LISMI el Real Decreto 364/2005 regula el cumplimiento de una serie de medidas alternativas para que las empresas que por razones técnicas, económicas u organizativas no puedan tener trabajadores discapacitados en plantilla o bien en caso de que no encuentren trabajadores para cubrir las plazas, puedan cumplir con la cuota de reserva contemplada en la ley.

Con la intención de arrojar claridad sobre la situación real de las personas discapacitadas en el mundo laboral, así como analizar la situación de las empresas frente al cumplimiento de la LISMI, el Observatorio sobre Empresa y Discapacidad de la Fundación Grupo SIFU ha presentado por tercer año consecutivo el Estudio sobre empresa y discapacidad con datos correspondientes al año 2007.

Según este estudio, el conocimiento general de la LISMI es muy elevado entre las empresas, así el 95.5% conocen la LISMI, como mínimo, en su concepto más básico: la obligatoriedad de las empresas de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de la plantilla a personas con discapacidad.

El conocimiento de las Medidas Alternativas al cumplimiento de la LISMI es menor que el conocimiento de la ley en sí, así sólo el 72% de las empresas conocen el Real Decreto.

El número de empresas que cumplen la LISMI es cada año mayor. Así, el 68% de las empresas encuestadas cuentan entre su personal con personas discapacitadas, aunque no todas en la proporción necesaria para cumplir la ley.

Entre los principales frenos a la contratación de personal discapacitado, los empresarios argumentan la dificultad de encontrar este personal (52,6%), que no cumplen con el perfil requerido (47,9%), también aseguran no querer afrontar los gastos de las adaptaciones al puesto de trabajo (31,5 %) o el miedo a las bajas (26,8%).

A pesar de estas reticencias, las empresas que contratan personas con discapacidad manifiestan que obtienen claros beneficios, además de un rendimiento igual que el resto de trabajadores. 8 de cada 10 empresas se manifiestan "muy satisfechas" con el rendimiento de sus trabajadores discapacitados, destacando especialmente su elevado grado de compromiso y ganas. Sólo un 2% reconoce haber tenido experiencias negativas. El 65% de las empresas llevan contratando a personas con discapacidad desde hace más de 5 años, un dato que reafirma también el elevado grado de satisfacción que tienen respecto a los empleados de este colectivo.

Entre las motivaciones principales a la hora de contratar personas con discapacidad, se encuentra en primer lugar la obligatoriedad de cumplir con la Ley, pero destaca especialmente la conciencia, por parte de las empresas de que las personas discapacitadas son "iguales que el resto" por lo que se les contrata en función del perfil requerido.

En cuanto a las vías de contratación de estas personas, la mayoría (83%) se realiza siguiendo los cauces convencionales, mientras que un 21% opta por hacerlo a través de los centros especiales de empleo, lo que supone un incremento de un 6% respecto a los datos de 2006, esto confirma la labor de los centros especiales de empleo en la inserción laboral.

Los empresarios también han formulado una serie de peticiones que aseguran les van a ayudar a cumplir con la LISMI: un 37,7% reclama más iniciativas que favorezcan la formación del personal, un 34,4% quieren que se facilite las adaptaciones al puesto de trabajo y un 19% considera que debería haber más ayudas económicas para las empresas.

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