Reutilización de la información del sector público: algunas preguntas previas

¿A qué obedece la importancia de la información pública? ¿Cómo debe ser la información ofrecida por el sector público a los ciudadanos? ¿Qué principios han de regir el tratamiento de la información generada por el sector público? Estas son algunas de las preguntas a las que Fernando Ramos Simón, Concepción Mendo Carmona y Rosario Arquero Avilés dan respuesta en el artículo “La producción informativa y documental del Estado: hacia un inventario de los recursos públicos” publicado en la Revista Española de Documentación Científica, como uno de los resultados alcanzados por el Grupo de Investigación de la Universidad Complutense Publidoc dentro del proyecto de investigación “Reutilización de la información y documentación del sector público en España. Adecuación al marco europeo de difusión de la información”.

¿A qué obedece la importancia de la información pública?

• Está bien recopilada, con series temporales muy amplias que resultan de gran utilidad en los análisis.
• Ha sido recolectada por guardianes neutrales y los criterios de recogida de esa información son públicos.
• Goza de la presunción de fiabilidad, en muchos casos esa confianza está reforzada porque los propios suministradores son los principales interesados en ello (obtención de un status).
• Mantiene continuidad, la ruptura de la serie se puede convertir en un asunto de controversia pública

¿Cómo debe ser la información ofrecida por el sector público a los ciudadanos?

• Información completa: sistematizada, protegida de accesos no deseados.
• Información objetiva, fiable, es decir, no sesgada presentada en función de su finalidad.
• Información accesible, en distintos formatos y al alcance de sus destinatarios potenciales.
• Difusión proactiva, además de permitir el acceso, la Administración Pública debe dar publicidad a los documentos facilitando su conocimiento y localización.
• Acceso individual, la creación de canales individuales de comunicación, como Internet, propicia que la Administración favorezca el consumo individual de información.
• Información de calidad, que cumpla estándares técnicos. Los requisitos técnicos de calidad, se incorporan como una exigencia de la accesibilidad de la información; si ésta no cumple con unas características técnicas formales es como si no existiera.
• Relevante.
• Fácil de encontrar, integrada, organizada.
• Fácil de usar

¿Qué principios han de regir el tratamiento de la información generada por el sector público?

• El principio de inventario: las instituciones del sector público deben inventariar sus activos de información y mantener ese inventario actualizado con regularidad y hacerlo fácilmente accesible.
• El principio de acceso: las instituciones del sector público deben estar sujetas a un régimen de publicidad de la información. El principio ha de basarse en que cualquier persona tiene derecho a recibir información libremente y en condiciones de igualdad y el Estado tiene obligación de regular por ley el procedimiento de acceso a los documentos protegidos. Las excepciones a este principio deben estar establecidas previamente y su aplicación debe estar sujeta a la revisión de una autoridad independiente.
• El principio de calidad: la información pública debe ser suministrada con el mismo estándar de calidad que tiene en el sector privado.
• El principio de costes: los costes repercutidos a cualquier petición de información no deben exceder los costes marginales de distribución, con la posibilidad de exención en los casos en que se demuestre un interés público concreto.
• El principio de elección: la información debe ser suministrada en el formato solicitado si está disponible o es sencillo convertirla a ese formato, aunque haya de cobrar los costes de transformación.
• El principio de propiedad intelectual y control de origen: la información pública debe estar exenta de derechos de propiedad intelectual, en particular de los derechos específicos que protegen las bases de datos.
• El principio de legítima mejora: las instituciones públicas están legitimadas para ampliar y mejorar la calidad de las informaciones que suministran.
• El principio de continuidad de las obligaciones: si las actividades de información son transferidas al sector privado esta información ha de estar sometida a los mismos principios.