Por Aurelio López de Hita, Presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón)
La difícil situación económica actual está pasando factura por igual tanto al sector privado como público. La financiación no está fluyendo como las empresas necesitan para poder invertir en su proceso productivo. La dificultad de acceso al crédito está poniendo en jaque a la pequeña y mediana empresa. Por su parte, en la Administración la crisis viene a sumarse a los problemas de financiación y de gestión. Según los analistas económicos, sin los ingresos provenientes del urbanismo, que había venido constituyendo el recurso principal en los últimos años, los municipios se enfrentan a una grave crisis, que pone en peligro la prestación inmediata de servicios públicos.
Necesitamos apostar por un crecimiento de la productividad que venga impulsado por las industrias y servicios competitivos, bajo un nuevo modelo de desarrollo económico. Es ahora cuando tenemos la oportunidad para poner sobre la mesa puntos de vista que ayuden al desarrollo de propuestas para que esta crisis no caiga al vacío sin darnos una lección, sino que se convierta en la creación de nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevos modelos de trabajo que nos permitan afrontar el futuro con optimismo. Así, hoy más que nunca, administración y empresa privada se necesitan. La colaboración del sector privado en la financiación y gestión de servicios públicos locales es necesaria, para unos y otros.
La colaboración público-privada, que no privatización, es un instrumento que el gobierno, ejecutivos autónomos y ayuntamientos pueden utilizar para aumentar su eficiencia, transfiriendo la operación de un servicio público a un particular sin que ello implique una transferencia total de responsabilidades, puesto que la Administración mantiene la potestad de control y regulación de la actuación de los entes privados que intervienen. Cuando estos procedimientos de gestión mixta se aplican con eficacia y sentido de la realidad, generan ventajas para la sociedad, como es una mejora cualitativa y cuantitativa, así como una mayor eficiencia, en la proyección, ejecución, financiación y gestión de los servicios, y un incremento en el nivel de satisfacción de quienes los usan. Además, supone un ahorro económico importante para la Administración, así como un aval de seguridad ante riesgos para la empresa privada.
Experiencias como Tuzsa o la concesión de recogida de basura a FCC, son ejemplos de buen funcionamiento para la prestación de servicios públicos a cargo de empresas privadas. Aramón, en otro término, muestra otro modelo de éxito. Este buen hacer de la colaboración público-privada puede constituir también un nuevo paradigma para el deporte o la cultura, donde empresas privadas ayudarían en la gestión de las instalaciones deportivas o del arte escénico. Incluso ampliar este modelo mixto para la política social. La descentralización de los servicios sociales en colaboración con el sector privado supondría una agilización y mayor eficiencia en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Es momento de hacer análisis para salir juntos de esta dura crisis y la colaboración público-privada es un buen método.
La difícil situación económica actual está pasando factura por igual tanto al sector privado como público. La financiación no está fluyendo como las empresas necesitan para poder invertir en su proceso productivo. La dificultad de acceso al crédito está poniendo en jaque a la pequeña y mediana empresa. Por su parte, en la Administración la crisis viene a sumarse a los problemas de financiación y de gestión. Según los analistas económicos, sin los ingresos provenientes del urbanismo, que había venido constituyendo el recurso principal en los últimos años, los municipios se enfrentan a una grave crisis, que pone en peligro la prestación inmediata de servicios públicos.
Necesitamos apostar por un crecimiento de la productividad que venga impulsado por las industrias y servicios competitivos, bajo un nuevo modelo de desarrollo económico. Es ahora cuando tenemos la oportunidad para poner sobre la mesa puntos de vista que ayuden al desarrollo de propuestas para que esta crisis no caiga al vacío sin darnos una lección, sino que se convierta en la creación de nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevos modelos de trabajo que nos permitan afrontar el futuro con optimismo. Así, hoy más que nunca, administración y empresa privada se necesitan. La colaboración del sector privado en la financiación y gestión de servicios públicos locales es necesaria, para unos y otros.
La colaboración público-privada, que no privatización, es un instrumento que el gobierno, ejecutivos autónomos y ayuntamientos pueden utilizar para aumentar su eficiencia, transfiriendo la operación de un servicio público a un particular sin que ello implique una transferencia total de responsabilidades, puesto que la Administración mantiene la potestad de control y regulación de la actuación de los entes privados que intervienen. Cuando estos procedimientos de gestión mixta se aplican con eficacia y sentido de la realidad, generan ventajas para la sociedad, como es una mejora cualitativa y cuantitativa, así como una mayor eficiencia, en la proyección, ejecución, financiación y gestión de los servicios, y un incremento en el nivel de satisfacción de quienes los usan. Además, supone un ahorro económico importante para la Administración, así como un aval de seguridad ante riesgos para la empresa privada.
Experiencias como Tuzsa o la concesión de recogida de basura a FCC, son ejemplos de buen funcionamiento para la prestación de servicios públicos a cargo de empresas privadas. Aramón, en otro término, muestra otro modelo de éxito. Este buen hacer de la colaboración público-privada puede constituir también un nuevo paradigma para el deporte o la cultura, donde empresas privadas ayudarían en la gestión de las instalaciones deportivas o del arte escénico. Incluso ampliar este modelo mixto para la política social. La descentralización de los servicios sociales en colaboración con el sector privado supondría una agilización y mayor eficiencia en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Es momento de hacer análisis para salir juntos de esta dura crisis y la colaboración público-privada es un buen método.
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