Todas las empresas están obligadas legalmente a realizar una serie de trámites administrativos, cuyo cumplimiento generan importantes costes económicos y de tiempo. Estos costes administrativos representan un obstáculo al desarrollo de la actividad económica empresarial, en la medida en que obligan a las empresas a pasar una parte considerable de su tiempo cumplimentando trámites administrativos, en muchos casos, redundantes.
Para profundizar en el conocimiento de las cargas administrativas que soportan las empresas las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME firmaron un convenio con el ministerio de Administraciones Públicas, para entre otras actuaciones, realizar un estudio sobre las cargas administrativas que soportan las pequeñas y medianas empresas.
Como resultado del mismo, el pasado mes de febrero, se presentaba el "Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas" en el que las organizaciones empresariales proponen 126 medidas para la reducción de las cargas administrativas.
En opinión de CEOE y de CEPYME las líneas maestras o principios básicos que deberían guiar todo el proceso de reducción de cargas administrativas son los siguientes:
1. Establecer un sistema de presentación única de la información por parte del ciudadano o empresa: es decir, debe tenderse a establecer como regla general que el ciudadano deba aportar una sola vez los documentos a la Administración, de manera que no se tenga que facilitar de nuevo aquella información que ya poseen las unidades administrativas. La progresiva generalización de este principio, que se conoce en el ámbito europeo como “Only one”, permitirá una notable reducción de las cargas actualmente existentes.
2. Generalizar el uso de la denominada “declaración responsable”: Se recomienda extender a todos aquellos procedimientos a los que sea posible la declaración responsable. La progresiva implantación de este principio al reducir la intervención previa de las Administraciones Públicas y en cambio potenciar el control a posteriori, reduce considerablemente las actuales Obligaciones de Información que se imponen a las empresas. Esta generalización de la “Declaración Responsable” debería acompañarse de una extensión paralela del conocido como “análisis de riesgo” en todas las actividades verificadoras e inspectoras de las Administraciones Públicas, de tal manera que se reduzca la frecuencia de las mismas a las empresas cumplidoras que constituyen la gran mayoría del colectivo empresarial en España.
3. Fomentar el desarrollo de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas: la viabilidad de los dos principios anteriores requiere que se potencie la posibilidad de intercambio de información y de datos entre los diferentes sistemas de información administrativos.
Atendiendo a la visibilidad o irritabilidad que producen las cargas en los empresarios, así como al coste y eficacia de su mejora CEOE y CEPYME proponen las siguientes recomendaciones generales:
1. Implantar un sistema de recolección de la información estadística que se dirija principalmente a Instituciones oficiales o a registros de acceso público antes que a las empresas. De este modo, gran parte de las Obligaciones de Información establecidas en la regulación estadística, y que tanta carga e irritación suponen para un gran número de empresas, quedarían visiblemente reducidas. Ello debería acompañarse de una comunicación enviada a las empresas que han enviado información estadística en los últimos años, informándoles de esta nueva orientación y solicitándoles su colaboración para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo sistema.
2. Ampliar los procedimientos que se rigen por el silencio positivo. Para ello, se recomienda revisar los procedimientos en los que en la actualidad sigue vigente el silencio negativo para analizar la viabilidad del cambio de sentido del silencio.
3. Fomentar la comunicación entre las empresas y la Administración para mejorar la implantación de la Administración electrónica.
4. Revisar en materia tributaria las Obligaciones de Información que son requeridas a las PYMES. En concreto, actualizar los umbrales mínimos para la consideración de una empresa como de gran tamaño, o para individualizar la declaración de operaciones con terceros.
5. Revisar la legislación mercantil para detectar las Obligaciones de Información más gravosas y adoptar medidas de reducción de las mismas.
6. Establecer una cooperación regular con CEOE y CEPYME en la puesta en marcha efectiva de la Memoria del análisis de impacto normativo desarrollada por el Real Decreto 1083/2009. Es, en estas consultas, en las que el sector empresarial tiene vocación de tomar una participación activa y constructiva a través de la Red Empresarial de Cargas Administrativas.
Como resultado del mismo, el pasado mes de febrero, se presentaba el "Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas" en el que las organizaciones empresariales proponen 126 medidas para la reducción de las cargas administrativas.
En opinión de CEOE y de CEPYME las líneas maestras o principios básicos que deberían guiar todo el proceso de reducción de cargas administrativas son los siguientes:
1. Establecer un sistema de presentación única de la información por parte del ciudadano o empresa: es decir, debe tenderse a establecer como regla general que el ciudadano deba aportar una sola vez los documentos a la Administración, de manera que no se tenga que facilitar de nuevo aquella información que ya poseen las unidades administrativas. La progresiva generalización de este principio, que se conoce en el ámbito europeo como “Only one”, permitirá una notable reducción de las cargas actualmente existentes.
2. Generalizar el uso de la denominada “declaración responsable”: Se recomienda extender a todos aquellos procedimientos a los que sea posible la declaración responsable. La progresiva implantación de este principio al reducir la intervención previa de las Administraciones Públicas y en cambio potenciar el control a posteriori, reduce considerablemente las actuales Obligaciones de Información que se imponen a las empresas. Esta generalización de la “Declaración Responsable” debería acompañarse de una extensión paralela del conocido como “análisis de riesgo” en todas las actividades verificadoras e inspectoras de las Administraciones Públicas, de tal manera que se reduzca la frecuencia de las mismas a las empresas cumplidoras que constituyen la gran mayoría del colectivo empresarial en España.
3. Fomentar el desarrollo de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas: la viabilidad de los dos principios anteriores requiere que se potencie la posibilidad de intercambio de información y de datos entre los diferentes sistemas de información administrativos.
Atendiendo a la visibilidad o irritabilidad que producen las cargas en los empresarios, así como al coste y eficacia de su mejora CEOE y CEPYME proponen las siguientes recomendaciones generales:
1. Implantar un sistema de recolección de la información estadística que se dirija principalmente a Instituciones oficiales o a registros de acceso público antes que a las empresas. De este modo, gran parte de las Obligaciones de Información establecidas en la regulación estadística, y que tanta carga e irritación suponen para un gran número de empresas, quedarían visiblemente reducidas. Ello debería acompañarse de una comunicación enviada a las empresas que han enviado información estadística en los últimos años, informándoles de esta nueva orientación y solicitándoles su colaboración para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo sistema.
2. Ampliar los procedimientos que se rigen por el silencio positivo. Para ello, se recomienda revisar los procedimientos en los que en la actualidad sigue vigente el silencio negativo para analizar la viabilidad del cambio de sentido del silencio.
3. Fomentar la comunicación entre las empresas y la Administración para mejorar la implantación de la Administración electrónica.
4. Revisar en materia tributaria las Obligaciones de Información que son requeridas a las PYMES. En concreto, actualizar los umbrales mínimos para la consideración de una empresa como de gran tamaño, o para individualizar la declaración de operaciones con terceros.
5. Revisar la legislación mercantil para detectar las Obligaciones de Información más gravosas y adoptar medidas de reducción de las mismas.
6. Establecer una cooperación regular con CEOE y CEPYME en la puesta en marcha efectiva de la Memoria del análisis de impacto normativo desarrollada por el Real Decreto 1083/2009. Es, en estas consultas, en las que el sector empresarial tiene vocación de tomar una participación activa y constructiva a través de la Red Empresarial de Cargas Administrativas.
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