Todas las empresas están obligadas legalmente a realizar una serie de trámites administrativos, cuyo cumplimiento generan importantes costes económicos y de tiempo. Estos costes administrativos representan un obstáculo al desarrollo de la actividad económica empresarial, en la medida en que obligan a las empresas a pasar una parte considerable de su tiempo cumplimentando trámites administrativos, en muchos casos, redundantes.
Los costes administrativos soportados por las empresas en España suponen el 4,6% de nuestro PIB.
Si se redujeran y simplificasen los trámites, las empresas podrían dedicar más tiempo a sus actividades económicas esenciales, hecho que reduciría los costes de producción y favorecería la realización de nuevas inversiones e innovaciones, mejorando así la productividad y la competitividad de las empresas.
Y es precisamente, la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas uno de los principales objetivos que se han propuesto tanto organizaciones empresariales como los gobiernos autonómicos, estatal y europeo.
Así el Gobierno de la Nación aprobó el pasado mes de junio el “Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas” con el objetivo de identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias para las empresas, con el fin de dar todas las facilidades en su relación con la Administración, tanto en el momento de su creación, como a lo largo de toda su actividad ulterior. Dentro de este plan ya se está abordando la reducción de cargas en once procedimientos administrativos con medidas que van desde la implementación de medios telemáticos en sustitución del papel hasta la reducción de plazos en la tramitación de expedientes.
El Gobierno de Aragón aprobó el 30 de octubre de 2008 el Decreto ley de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón una norma que pretende simplificar y agilizar los trámites administrativos para aquellos casos que supongan mayor inversión y creación de empleo; e insta a las administraciones públicas a revisar procedimientos administrativos con el fin de minimizar los costes empresariales durante la gestión administrativa.
2.- La identificación y análisis de los trámites administrativos soportados por las empresas un paso previo para su reducción
2.1.- Estudio elaborado por el Consejo Superior de Cámaras
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España ha elaborado el estudio Identificación y análisis de los trámites administrativos soportados por las empresas en su actividad cotidiana derivados de la regulación, con el objetivo de identificar los trámites administrativos que tiene que cumplir una empresa en el desarrollo de su actividad cotidiana y la identificación y sistematización de una serie de propuestas para su reducción y la de los costes que suponen.
El estudio analiza la normativa básica estatal tanto de carácter transversal (aquella regulación aplicable a las empresas independientemente del sector de actividad al que pertenezca) como la específica de una serie de sectores seleccionados. Asimismo, se ha estudiado la normativa autonómica que desarrolla la normativa básica estatal.
Como resultado del análisis se identifican un total de 584 trámites administrativos que las empresas deben realizar en el ejercicio de su actividad cotidiana. Destaca el hecho de que el número mínimo de trámites anuales a realizar por una empresa asciende a un total de 36, todos ellos relacionados con los ámbitos de laboral, fiscal y de sociedades, que a pesar de no pertenecer a los ámbitos más gravados por la Administración, sí presentan un carácter periódico y de obligatoriedad para cualquier tipo de empresa, motivo por el cuál se consideran objeto de racionalización.
El análisis de los trámites administrativos pone de manifiesto que la tipología de obligaciones que las empresas deben cumplir en España es muy diversa.
De ámbitos horizontales hay 47 propuestas:
Eliminación o simplificación administrativa
Mejoras tecnológicas
En general se propone implantar soluciones de administración electrónica y uso de las Tecnologías de la Información, como:
Para profundizar en el conocimiento de las cargas administrativas que soportan las empresas, y más concretamente las pequeñas y medianas empresas, ayer 9 de diciembre de 2009, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y los presidentes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME firmaron un convenio para, entre otras actuaciones, realizar un estudio sobre las cargas administrativas que soportan las pequeñas y medianas empresas.
CEOE y CEPYME seleccionarán un grupo de empresas de diferente tamaño, actividad e implantación territorial para lograr una muestra representativa del tejido empresarial del país, con las que realizará un análisis de todas las actuaciones y trámites administrativos que deben realizar ante las distintas administraciones públicas para el normal desarrollo de su actividad.
Las dos organizaciones facilitarán al Ministerio los resultados de los estudios que lleven a cabo, no sólo para identificar los trámites administrativos a los que están sujetos, sino para cuantificar todos los costes a que dicha regulación obliga en la actividad empresarial y para proponer su eventual supresión o reducción.
El Ministerio de Administraciones Públicas analizará los resultados de estos estudios y la viabilidad de sus propuestas para poner en marcha las reformas, iniciativas o medidas de simplificación de los trámites y cargas administrativas que recaen sobre el establecimiento o la actividad de las empresas.
Los costes administrativos soportados por las empresas en España suponen el 4,6% de nuestro PIB.Si se redujeran y simplificasen los trámites, las empresas podrían dedicar más tiempo a sus actividades económicas esenciales, hecho que reduciría los costes de producción y favorecería la realización de nuevas inversiones e innovaciones, mejorando así la productividad y la competitividad de las empresas.
Y es precisamente, la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas uno de los principales objetivos que se han propuesto tanto organizaciones empresariales como los gobiernos autonómicos, estatal y europeo.
Así el Gobierno de la Nación aprobó el pasado mes de junio el “Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas” con el objetivo de identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias para las empresas, con el fin de dar todas las facilidades en su relación con la Administración, tanto en el momento de su creación, como a lo largo de toda su actividad ulterior. Dentro de este plan ya se está abordando la reducción de cargas en once procedimientos administrativos con medidas que van desde la implementación de medios telemáticos en sustitución del papel hasta la reducción de plazos en la tramitación de expedientes.
El Gobierno de Aragón aprobó el 30 de octubre de 2008 el Decreto ley de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón una norma que pretende simplificar y agilizar los trámites administrativos para aquellos casos que supongan mayor inversión y creación de empleo; e insta a las administraciones públicas a revisar procedimientos administrativos con el fin de minimizar los costes empresariales durante la gestión administrativa.
2.- La identificación y análisis de los trámites administrativos soportados por las empresas un paso previo para su reducción
2.1.- Estudio elaborado por el Consejo Superior de Cámaras
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España ha elaborado el estudio Identificación y análisis de los trámites administrativos soportados por las empresas en su actividad cotidiana derivados de la regulación, con el objetivo de identificar los trámites administrativos que tiene que cumplir una empresa en el desarrollo de su actividad cotidiana y la identificación y sistematización de una serie de propuestas para su reducción y la de los costes que suponen.
El estudio analiza la normativa básica estatal tanto de carácter transversal (aquella regulación aplicable a las empresas independientemente del sector de actividad al que pertenezca) como la específica de una serie de sectores seleccionados. Asimismo, se ha estudiado la normativa autonómica que desarrolla la normativa básica estatal.
Como resultado del análisis se identifican un total de 584 trámites administrativos que las empresas deben realizar en el ejercicio de su actividad cotidiana. Destaca el hecho de que el número mínimo de trámites anuales a realizar por una empresa asciende a un total de 36, todos ellos relacionados con los ámbitos de laboral, fiscal y de sociedades, que a pesar de no pertenecer a los ámbitos más gravados por la Administración, sí presentan un carácter periódico y de obligatoriedad para cualquier tipo de empresa, motivo por el cuál se consideran objeto de racionalización.
El análisis de los trámites administrativos pone de manifiesto que la tipología de obligaciones que las empresas deben cumplir en España es muy diversa.
- Tenencia y actualización de autorizaciones, licencias y permisos.
- Comunicación de diversidad de datos a la Administración.
- Inscripción en un registro: alta, modificación, baja.
- Llevanza de libros y/o elaboración y presentación de documentos, cuentas, declaraciones, manuales, etc.
- Pago de impuestos: tributo, tasa y canon.
- Formación o seguimiento de la formación del personal.
- Colaboración diligente con las inspecciones y controles por parte de diferentes Administraciones Públicas.
- Contratación por parte del sujeto objeto de la obligación a una entidad colaboradora de la Administración para realizar inspecciones.
- Presentación de facturas a la Administración o a terceros.
- Solicitud de distintivos.
- Constitución de seguros, avales u otros fondos/medidas de garantía.
- Tenencia de determinados documentos de seguimiento o de determinados carnés para el desempeño de la actividad.
- Información a terceros u obtención de consentimientos de terceros.
- Licitación de servicios concesionales o cualquier tipo de contrato público; de la solicitud de subsidios, bonificaciones o subvenciones.
- Formulación de reclamaciones y apelaciones.
- Existe un desequilibrio entre los recursos reales de las empresas respecto de los que se les supone a partir de sus características.
- La complejidad de la legislación es elevada.
- La obligación de información se relaciona con requisitos sustantivos obsoletos o modificados procedentes de regulación que ya no es aplicable en el contexto actual, aunque siga estando vigente, o simplemente se está regulando con exceso una determinada actividad teniendo en cuenta su finalidad.
- La frecuencia de notificación es excesiva en relación con el ritmo de la actividad o la frecuencia no se adecua a las fechas correspondientes a las distintas obligaciones.
- Se debe comunicar una misma información a distintas autoridades, o bien se debe comunicar una misma información en diferentes ocasiones y formatos a una misma autoridad para diferentes repositorios de información, similares entre sí en cuanto a contenido y finalidad.
- Se exigen numerosos trámites para un mismo acto concreto.
- No existe un umbral mínimo de aplicación de las obligaciones de información.
- Los requerimientos de información y/o documentación son innecesarios.
- No están habilitados los canales electrónicos que permitan agilizar la relación de las empresas con la Administración.
- Los plazos de tramitación de determinados procedimientos se dilatan de manera extrema.
- Existe una falta de actuación o información por parte de la Administración.
- Es necesario aportar documentación responsabilidad de otra Administración para tramitar un procedimiento, retrasándose el inicio de éste.
De ámbitos horizontales hay 47 propuestas:
- Relacionadas con el medio ambiente (16)
- De carácter fiscal (13)
- De contratación pública (9)
- De estadísticas (6)
- De derecho de sociedades (2)
- De ámbito laboral (1)
- De transporte (22)
- De construcción (13)
- De otros servicios (13)
- De industria (12)
- De comercio minorista (4)
- De turismo (2)
Eliminación o simplificación administrativa
- Revisar, actualizar y eliminar las obligaciones de información en relación con aquellos requisitos obsoletos o modificados por una legislación posterior.
- Simplificar la documentación a presentar.
- Disminuir la frecuencia de notificación de datos cuando resulta excesiva en relación con el ritmo de la actividad, coordinando especialmente las obligaciones que proceden de diferentes Administraciones.
- Seleccionar y definir el umbral de sometimiento de la norma conforme al objetivo perseguido
- Asesoramiento en el proceso de realización de determinados trámites de naturaleza compleja
- Habilitar instrumentos de presentación única y canalización de documentación dirigida a diferentes Administraciones, como por ejemplo, las ventanillas únicas y las oficinas unificadas de registro.
- Simplificar, armonizar, coordinar o eliminar la duplicidad o solapamiento de determinados trámites ante varias Administraciones Públicas.
Mejoras tecnológicas
En general se propone implantar soluciones de administración electrónica y uso de las Tecnologías de la Información, como:
- Poner en marcha portales que ofrezcan legislación y formularios normalizados y ayuda para cumplimentarlos; información sobre líneas de financiación, proyectos de I+D+i, ayudas o subvenciones y contratación pública.
- Impulsar la presentación telemática de solicitudes y documentación adjunta.
- Implantar la notificación telemática.
- Potenciar la interoperabilidad entre Administraciones.
- Permitir la consulta a distancia de expedientes.
- Habilitar los pagos telemáticos.
- Realizar la reingeniería de procesos teniendo en cuenta los principios de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Pública.
Para profundizar en el conocimiento de las cargas administrativas que soportan las empresas, y más concretamente las pequeñas y medianas empresas, ayer 9 de diciembre de 2009, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y los presidentes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME firmaron un convenio para, entre otras actuaciones, realizar un estudio sobre las cargas administrativas que soportan las pequeñas y medianas empresas.
CEOE y CEPYME seleccionarán un grupo de empresas de diferente tamaño, actividad e implantación territorial para lograr una muestra representativa del tejido empresarial del país, con las que realizará un análisis de todas las actuaciones y trámites administrativos que deben realizar ante las distintas administraciones públicas para el normal desarrollo de su actividad.
Las dos organizaciones facilitarán al Ministerio los resultados de los estudios que lleven a cabo, no sólo para identificar los trámites administrativos a los que están sujetos, sino para cuantificar todos los costes a que dicha regulación obliga en la actividad empresarial y para proponer su eventual supresión o reducción.
El Ministerio de Administraciones Públicas analizará los resultados de estos estudios y la viabilidad de sus propuestas para poner en marcha las reformas, iniciativas o medidas de simplificación de los trámites y cargas administrativas que recaen sobre el establecimiento o la actividad de las empresas.
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