Al liberar software, la Administración Pública reduce su déficit, aporta valor al sector privado, especialmente a las empresas TIC locales, favorece la competitividad y contribuye al desarrollo de una economía sostenible basada en el conocimiento y la innovación abierta. Esta es la conclusión a la que llega el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el decálogo 10 razones para que la Administración libere software
Desarrolla el ecosistema del sector TIC, garantizando la independencia de proveedores y su disponibilidad futura. Al poner a disposición del sector privado el código de las aplicaciones, se fomenta la competitividad y el crecimiento del sector TIC local, se desarrolla el mercado de servicios asociados al software y a la Administración Pública, y se garantiza la independencia de proveedores y su disponibilidad futura.
Pone conocimiento y activos a disposición de las empresas. Al liberarlo, se pone a disposición de las empresas no sólo el código, sino también los conocimientos de negocio, de organización y tecnológicos asociados al mismo. Cada aplicación liberada es una oportunidad de negocio para las empresas y una fuente de conocimiento para toda la sociedad.
Contribuye a la reducción del déficit público, y fomenta el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. La liberación de código por parte de la Administración no sólo ahorra costes y reduce el déficit público. También permite mejorar nuestro modelo productivo, favoreciendo el desarrollo de mercados tecnológicos locales de alto valor añadido, que contribuyen al crecimiento de una economía sostenible basada en el conocimiento y la innovación abierta.
Mejora la competitividad al fomentar la cooperación entre administraciones, universidades, centros de I+D+i y empresas, extendiendo buenas prácticas de conocimiento compartido, y fortaleciendo la innovación abierta. Desarrollar software de fuentes abiertas es invertir en sectores altamente innovadores, caracterizados por la colaboración entre instituciones (administraciones, centros tecnológicos y empresas) y en línea con los planes autonómicos, nacionales y europeos de apoyo a la investigación tecnológica para el fomento de la competitividad.
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