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miércoles, 21 de abril de 2010

Los consumidores ante la ley de libre acceso a las actividades de servicios

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio , comúnmente conocida como “Ley Omnibus” tiene por objeto facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los Estados miembros. También pretende ampliar la posibilidad de elección de los destinatarios de los servicios y mejorar la calidad tanto para los consumidores como para las empresas.

Dadas las repercusiones que está ley va a tener tanto para los consumidores como para los prestadores de servicios, la Dirección General de Consumo dentro su programación de formación “Aulas de Consumo 2010” organizó ayer 20 de abril de 2010 la conferencia “Los consumidores ante la ley de libre acceso a las actividades de servicios” en la que participaron como ponentes Reyes Palá Laguna, profesora de derecho mercantil de la Universidad de Zaragoza, y Eugenio García-Rodeja, asesor jurídico de CEPYME ARAGÓN – FEMZ.
En su intervención, García-Rodeja presentó la normativa que actualmente regula la prestación de servicios, como paso previo al análisis de la ley Ómnibus: objetivos que persigue, sectores excluidos de la ley, y los principales actores y sectores que se van a ver afectados por la ley.

jueves, 4 de diciembre de 2008

Reclamaciones judiciales de cantidad: el procedimiento monitorio

La morosidad empresarial creció un 130% hasta septiembre de 2008, y este entorno de impagos se prolongará como mínimo hasta 2010, según el “Indice de Incumplimiento” elaborado por Crédito y Caución y que compara los niveles de impago de las operaciones comerciales a crédito entre empresas españolas.

Los autónomos y las pequeñas empresas son sin lugar a dudas las más afectadas ante la fuerte avalancha de operaciones comerciales fallidas por cobros, que nunca llegan a hacerse efectivos.

Ante esta situación, el Servicio Jurídico de CEPYME Aragón nos informa que la vía judicial es el único medio efectivo y coercitivo para lograr el cobro de lo debido, siendo el procedimiento habitual para reclamar judicialmente pequeños importes de forma económica el llamado “Procedimiento monitorio”.

Qué es el procedimiento monitorio:

Este procedimiento está previsto para reclamar cuantías de hasta 30.000€ siendo éstas deudas líquidas, vencidas y exigibles. Su objetivo es acelerar la reclamación de cuantías no excesivamente elevadas resultando extremadamente útil y necesario para la PYME y el autónomo, que al fin y al cabo son los que necesitan disponer de un medio rápido y sencillo para cobrar sus deudas pendientes.

Para interponer este procedimiento se debe poder probar que dicha deuda existe (mediante documentos, facturas, etc.), que la deuda está vencida (que no tiene plazo o condición o que este ha transcurrido o cumplido) y que es exigible.

Qué proceso hay que seguir:

Se inicia por medio de una petición (habitualmente se facilita el modelo en los propios Juzgados) en la que se indicarán los datos personales del reclamante, los del reclamado, así como una explicación del origen de la deuda. El escrito deberá ir acompañando de los documentos - facturas, etc - de que se disponga y que justifiquen dicha deuda.

Una vez presentada la petición, y habiendo acreditado documentalmente la deuda, el juez requerirá de pago al deudor en un plazo de 20 días, el cual podrá bien pagar bien oponerse a dicha reclamación o dejar transcurrir el plazo sin haber pagado y sin haberse opuesto.

Si paga, obviamente finaliza el procedimiento.

Si no paga, y se opone, el procedimiento continuará por los trámites del procedimiento civil que corresponda en función de la cuantía reclamada. Si no excede de 3.000 euros será un juicio verbal, y si excede de dicha cantidad será un juicio ordinario.

Si ni paga ni se opone el juez procederá al embargo de bienes suficientes del deudor para saldar la deuda.

Los servicios profesionales del derecho

Para la interposición de dicho procedimiento no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador, independientemente de la cuantía que se reclame. Pero si la parte a la que se le reclama la deuda se opone a la misma y la cantidad que se reclama es superior a 900 euros, se iniciará un procedimiento judicial (verbal u ordinario, según cuantía) que precisará la intervención de abogado y procurador, siendo a partir de dicho instante necesarios sendos profesionales tanto para reclamante como para reclamado.

Modelo de demanda

Un modelo de demanda empleado en los juzgados para seguir un proceso monitorio se puede descargar en la siguiente dirección:

<<Modelo proceso monitorio>>


viernes, 13 de junio de 2008

Modificaciones en los números de identificación fiscal

El próximo 1 de julio de 2008 entra en vigor la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

La orden introduce una serie de modificaciones en los números de identificación fiscal de algunas entidades, afectando especialmente a las Sociedades Civiles Privadas, que pasan de tener una clave G a tener una J.

El cambio afecta exclusivamente a la letra, no al resto de los dígitos (números) del CIF.

En el siguiente cuadro -elaborado por la Agencia Tributaria- se recogen los cambios producidos en las distintas claves:


El cambio no deja de tener trascendencia ya que todas las facturas, documentación y correspondencia mercantil deberán reflejar el cambio efectuado, con las consecuencias fácilmente imaginables en caso de error o durante el período inicial de aplicación de la norma.

El cambio se extiende igualmente al Certificado Digital de la que pudiera ser titular la Sociedad Civil, ya que desde la fecha antes indicada (1 de julio) deberá solicitarse nuevamente con el cambio de letra incorporado.

Las entidades a las se les haya modificado el NIF deberán tener en cuenta lo siguiente:

  • A partir del 1 de enero de 2009, el nuevo NIF deberá consignarse en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y escritos que se presenten ante la Administración Tributaria, así como en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que se expidan, independientemente de que aquellos o éstos tuvieran su origen en operaciones realizadas con anterioridad.
  • El nuevo NIF deberá comunicarse a terceros tales como Registros públicos, bancos, proveedores, clientes etc.
  • En el caso de cambiar de NIF, si la entidad dispone de “Certificado digital” emitido por cualquiera de las Autoridades Certificadoras, deberá solicitar uno NUEVO a partir del 1 de enero de 2009.

Para facilitar la difusión de los nuevos NIF asignados, en la página web de la Agencia Tributaria se colgará, a partir del 1 de octubre de 2008, un fichero, de descarga libre, en el que se recogerán los NIF que han sido modificados, indicando el NIF antiguo y el nuevo, la fecha de cambio y la razón social de la entidad, a fin de que los terceros afectados por estos cambios puedan descargar e incorporar dichos cambios en sus sistemas informáticos.

Este fichero se ubicará en AEAT / Empresas y profesionales / NIF / Fichero de cambios de NIF de oficio.

miércoles, 4 de junio de 2008

Trámites administrativos: la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas

La simplificación y agilización de los trámites administrativos es una demanda permanente de los empresarios a todas las administraciones públicas. Aún reconociendo los avances que en esta materia se están produciendo –muy ligados a la extensión de la Administración electrónica –, aún queda mucho por hacer.

Eugenio Garía-Rodeja Alonso, Miembro de la Asesoría Jurídica de CEPYME ARAGÓN analiza un trámite administrativo al que anualmente nos debemos enfrentar: la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.


El reencuentro anual con ese doloroso – por que lo es, no nos engañemos – recordatorio del compromiso social y de solidaridad legalmente formalizado que constituye la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (“la renta” en román paladino) y la lucha que con nuestros archivos, nominas, justificantes, documentos bancarios e instrucciones de cumplimentación implica tal cita, nos hace preguntarnos por la posibilidad de una liquidación de tal tributo por la Administración – poseedora de nuestros más preciados detalles de transcendencia fiscal (o al menos eso creemos) – sin contar con nuestra colaboración.

Y tal deseo, al margen de lo apretado de nuestra agenda personal al llegar tales fechas, obedece a que la labor de autoliquidación que se nos exige no es – sencillamente – fácil.

No se pueden negar los esfuerzos de la Agencia Tributaria en procurar que la exigencia que se nos impone a los sujetos pasivos, consistente en que no solo debes hallar la cuota a ingresar sino que además se te hace responsable de los errores - dolosos o no - de tal resultado, sea lo más llevadera posible. Bastaría con hacer un pequeño ejercicio de memoria y recordar las confecciones a mano o máquina de los impuestos, calculadora en mano sin más ayuda que el folleto de instrucciones que se adjuntaba al formulario (y no hace tanto de eso) y la actual situación de uso individualizado de un programa informático con funciones de autocompletado y cálculo automatizado de cuantías, acceso a nuestros datos fiscales vía Internet, recepción de borradores, etc.. Sin embargo uno de los mayores éxitos de la Agencia Tributaria, a pesar de ese aumento exponencial de herramientas al servicio del administrado para que pueda realizar individual y fácilmente la autoliquidación se sus impuesto, sigue siendo la cada vez más organizada y amplia estructura de petición de cita para que personal especializado te confeccione tal declaración en las oficinas del citado organismo público. Si este dato lo ponemos en relación con el hecho de que los despachos profesionales siguen contando en la actualidad con un elevado número de clientes que requieren el servicio de confección de la declaración de la renta, la conclusión no puede ser otra que la ya indicada: no es fácil y sigue existiendo un elevado número de impositores a los que tales mejoras (muy vinculadas a Internet) siguen sin ser una ayuda real.

La solución se encontrará, quizás, a medio camino entre una más productiva gestión por la Administración de nuestros datos fiscales y que se traduzca en una cada vez mayor extensión de borradores de declaraciones pendientes únicamente de la conformidad por mera firma del sujeto pasivo y, por otro lado, en una mayor adscripción de este sujeto pasivo al compromiso de hacer suyas, a aprender, poco a poco, el uso de las herramientas de la administración electrónica puestas a su disposición.

Eugenio Garía-Rodeja Alonso, Miembro de la Asesoría Jurídica de CEPYME ARAGÓN